EL DESAFIO PENDIENTE

«La Constitución no puede ser artículo de museo, que cuanto mayor sea su antigüedad mayor es su mérito».

«No podemos aceptar que en la época de la navegación estratosférica, que nos permite trasladarnos a Europa en un día, nosotros usemos una Constitución creada en la época de la carreta, cuando para ir a Mendoza debíamos soportar un mes de viaje».

«Esa Constitución, buena para cuando la República Argentina era un pequeño pueblo de pastores, sin adaptarla, no puede ser igual para una Nación de 15 millones de habitantes».

Así, con estas sencillas reflexiones, muy características de sus discursos, se refería el Presidente Juan Domingo Perón en aquel mensaje del 3 de septiembre de 1948 a la Reforma Constitucional que estaba en plena marcha, concebida en ese entonces como instrumento esencial para forjar una Argentina Justa, Libre y Soberana.

Seis meses después, la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución que, entre otros aspectos claves, establecía:

«La propiedad privada tiene una función social… debe servir al bien común».

«El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objetivo el bienestar social».

«Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado».

«Los minerales, las caídas de agua, el petróleo, el carbón y el gas y toda fuente de energía natural… son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación».

Apenas 6 años y unos meses tuvo vigencia.

La intolerancia gorila, la oligarquía reaccionaria, se valió del criminal golpe militar del ’55 y la posterior dictadura para derogarla y restablecer el viejo «artículo de museo», extremadamente útil para proteger sus privilegios.

Durante décadas les sirvió la Constitución de 1853 como amparo para destruir la industria nacional y alimentar monopolios eliminando competencia, para saquear el país entregando a las corporaciones multinacionales recursos mineros, agua, petróleo, el negocio de la energía eléctrica, los ferrocarriles, los teléfonos… también para endeudar el país y convertirlo en colonia del capital financiero.

Hoy, nuestra República Argentina tiene 40 millones de habitantes, 25 millones más que los que Perón ponía como fundamento para justificar la imperiosa necesidad de una reforma constitucional.

Las modernas Corporaciones de lo que se ha dado en llamar el «Círculo Rojo» y sus marionetas electorales, siguen aferradas a un proyecto que necesita sostener una Constitución de la «época de las carretas», funcional a sus intereses, protectora de la fuga de capitales, de la especulación sojera, del capital extranjero obsesionado por el control de nuestros recursos naturales.

La Argentina soberana, las mayorías populares, la clase trabajadora, necesitan avanzar hacia una profunda Reforma Constitucional, porque es desafío pendiente e ineludible para asegurar la Victoria del Proyecto Nacional y Popular.